El periodismo en Honduras, al más puro estilo de la 'Guerra Fría'

"Cuando los medios callan, las paredes hablan". Las pintadas que aún se leen en las fachadas que enmarcan las avenidas de Tegucigalpa dan una idea del trompazo sufrido por el periodismo durante los últimos meses. El golpe de Estado del 28 de junio que derrocó a Manuel Zelaya asfixió una libertad de prensa de por sí frágil en Honduras.

Una vez que Zelaya fue expulsado a Costa Rica, los militares ocuparon los medios de comunicación contrarios. Tras cinco horas de corte de corriente eléctrica que silenció los canales de información en las siguientes horas, la programación se reactivó con recetas de cocina y telenovelas.

A partir de ese día, la probabilidad de que amenacen a un periodista, lo censuren, lo insulten o lo golpeen es más alta que antes. Un nuevo componente entra en juego, el de la polarización desorbitada de los medios de comunicación al más puro estilo "Guerra Fría", pilotado por un periodismo de dos bandos.

Identificar los acontecimientos del 28 de junio como un 'golpe de Estado' le costó a Radio Globo y a Canal 36 –medios de comunicación nacionales a los que acusaron de "llamar a la insurrección"- su cierre durante el estado de sitio. Ahora, los dos están en el aire. De junio a noviembre de 2009, ocho medios de comunicación fueron clausurados.

Riesgos 'post-golpe'

"A partir del 28 de junio, ejercer la profesión ha dado un giro de 180 grados. Hay nuevos casos de lesiones a periodistas. El reportero, ahora, se enfrenta a nuevos riesgos", apunta Vilma Gloria Rosales, directora de C-Libre, una coalición de periodistas que trata de resguardar el derecho a la información en Honduras desde 2001.

Los periodistas extranjeros, que criticaron unánimemente la destitución de Zelaya, conocen bien estos atropellos. Sobre todo, los de la venezolana Telesur. Mientras retransmitían imágenes de una manifestación, los soldados irrumpieron en su habitación del hotel en Tegucigalpa y amenazaron con detenerles si continuaban emitiendo. Ante la negativa, los militares los esposaron. Posteriormente, fueron puestos en libertad.

Son algunos de los casos que se cuelan en la gruesa lista de denuncias de periodistas ante Reporteros Sin fronteras, que han hecho descender a Honduras al puesto 128 de entre los 175 que conforman su clasificación mundial en 2009.

Abundan las cusaciones por intimidación y amenazas de muerte a periodistas hondureños a causa de su postura crítica con el nuevo gobierno. Los que trabajan para los medios a favor de las nuevas autoridades también han sido vejados en las manifestaciones de la resistencia a favor de Zelaya.

Tímido retorno a los 80

Diario Tiempo ha sufrido chantajes por seguir una línea de ligera oposición al golpe de Estado, algo que a su director, Manuel Gamero, le hace recordar los años de los regímenes militares.

"El riesgo que desde hace unos meses vive el periodista recuerda al de los 80. Sin embargo, nunca vi que se atropellara la libertad de información como ahora. Volvemos al modelo de la Guerra Fría, a la lucha ideológica, aparte de la política y económica. Esto explica la excesiva polarización", argumenta.

Diario Tiempo no ha sido cerrado. Es protector de los intereses económicos de los Roshentall, una de las grandes familias de origen judío que amontona inversiones, algo generalizado entre los propietarios de los medios en Honduras. Son hombres de negocios que ejercen un control férreo sobre el director y combinan intereses en economía y política. Tiempo es una de las pocas excepciones en Honduras donde el director aún tiene poder de decisión, algo que le ha servido para posicionarse como crítico ante los acontecimientos políticos.

Medios 'oligárquicos'

A veces, el apellido de una familia que uno acostumbra a ver en rótulos de ferreterías o en botellas de agua purificada también encabeza la mancheta de un diario influyente, como le ocurre a Jorge Canahuati Larach, dueño de La Tribuna. Los Larach poseen, además, las franquicias de las cadenas estadounidenses de comida rápida, representan a firmas fabricantes de armas para el ejército y su industria farmacéutica provee de medicamentos al sistema público de salud.

Este es un país de pocas opciones y, por supuesto, también para los periodistas. "El periodismo no es ajeno al sistema del país. Es como un cáncer que llega a todos lados. La oligarquía que quiere proteger sus intereses económicos y políticos también controla los medios", dice Vilma Gloria Morales. En este contexto, son habituales los sobornos, la corrupción y la docilidad, alimentada, a su vez, de la escasa protección al gremio, la formación a veces limitada del redactor y los bajos sueldos.

Sobresueldos de Casa Presidencial

"Los grupos de poder manipulan la prensa a su antojo. El poder público soborna al periodista. En el presupuesto de Casa Presidencial hay una cuota de salarios para informadores. Si los comentaristas no tienen una formación adecuada son absorbidos fácilmente por el sistema", evidencia David Romero, director de Radio Globo, la emisora que más trabas ha vivido en estos meses y que tiene a su director pendiente de juicios.

"Cuando avanza la corrupción y los sobornos a periodistas, el riesgo de jugársela disminuye. Ya no hay periodistas que pinchen donde duele porque saben que pierden el pellejo, como hace 20 años", justifica Manuel Gamero, que durante los regímenes militares estuvo encarcelado y conoció las amenazas de muchos de sus colegas.

La violencia como sistema

Lo mismo ocurre con la inseguridad en un país, y en una región, donde las armas son la cotidianidad de una capital plagada de compañías de seguridad privada y donde conseguir una pistola es igual de fácil que en EEUU. Una de las voces más conocidas de Radio Globo por haber seguido las epopeyas de Zelaya durante los últimos meses, Luis Galdámez, acaba de ser amenazado hoy al final de su programa por denunciar corrupción en un restaurante de Tegucigalpa.

Si además el país es parte de la ruta del narcotráfico y opera el crimen organizado, el riesgo se triplica. Los periodistas que trabajan en las comunidades de Occidente, cercanas a la frontera con Guatemala, peligrosas por la presencia de bandas vinculadas a estos negocios, pueden pagar muy caras sus coberturas. Uno de los casos más conocidos, aún sin esclarecer, es el del periodista Germán Rivas, asesinado en 2001 después de hacer referencias al crimen organizado en su programa.

Las amenazas de muerte a periodistas son frecuentes en la cuenca del río Choloma. Allí, Luis Alberto Arturo Ayala denunció ante C-Libre advertencias de muerte por denunciar la tala de árboles en la zona, donde confluyen las maquilas. Según C-Libre, la amenaza venía de la mano de un empresario padre de un diputado liberal del Congreso Nacional.

Fuente: http://www.elmundo.es/america/2010/01/18/noticias/1263852374.html